El chair del Grupo de Contacto de América Latina y el Caribe en Business at OECD (BIAC) y vicepresidente de COPARMEX, Fernando Treviño, el profesor de Ciencia Política y Sociología en la Universidad de Navarra Jacobo Ramos-Folch y el responsable de Conocimiento y Agenda 2030 de la Asociación Española de Normalización (UNE), Daniel Massó, intervinieron en la jornada Brújula de los Negocios: Agenda OCDE 2026, celebrada en el marco del ciclo de conferencias en clave iberoamericana impulsado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

El encuentro sirvió para analizar la hoja de ruta de la OCDE para la inversión y el crecimiento en Iberoamérica, en un contexto internacional marcado por la reconfiguración productiva y regulatoria.

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, orientó el debate hacía los desafíos que surgen en el actual escenario global, caracterizado por la rápida evolución de las normas, las cadenas globales de valor y las prioridades estratégicas de los países. Casado advirtió de que “las reglas del juego están evolucionando con rapidez” y subrayó que la competitividad, la seguridad jurídica y la capacidad de atraer inversión “dependen, en gran medida, de que las empresas estén presentes en los espacios donde se diseñan esas normas”.

En este sentido, defendió que la participación activa del sector privado en los foros internacionales no es opcional sino estratégica, para evitar que la sobrerregulación y la carga burocrática actúen como freno al crecimiento. Como ejemplos, citó los encuentros empresariales que se celebran en el marco de las Cumbres Iberoamericanas y que han ido cobrando cada vez mas protagonismo desde el año 2015, y el reciente Foro de la Mipyme en Tenerife, donde se analizó en profundidad el tema de los estándares y la normalización.

Por su parte, Fernando Treviño explicó el trabajo que el empresariado desarrolla a través de BIAC, como canal de interlocución estructurada con la OCDE. Su intervención puso el foco en la necesidad de trasladar propuestas concretas en ámbitos como comercio, digitalización, fiscalidad, mercado laboral o PYMES, con el objetivo de promover marcos regulatorios que generen certidumbre y favorezcan la inversión. La región latinoamericana, debe reforzar su posicionamiento en este nuevo mapa productivo global, aprovechando la Agenda OCDE 2026 como oportunidad para consolidar estándares más homogéneos y entornos más previsibles, apuntó.

Recordó que la OCDE ha reconocido a BIAC como su brazo empresarial, articulado en cerca de 30 comisiones desde las que se formulan recomendaciones que, en muchos casos, se convierten en futuras normas. Destacó cinco ejes prioritarios: la fiscalidad internacional, con especial atención al impuesto mínimo global y a la necesidad de evitar fragmentación e inseguridad jurídica; la inteligencia artificial, cuya regulación fragmentada podría reducir hasta un 15 % su adopción; las infraestructuras, energía y agua, donde América Latina presenta un importante déficit; la modernización del acuerdo entre la UE y México, con nuevas oportunidades en compras públicas; y la defensa de una competencia equitativa, frente a ventajas indebidas de empresas estatales.

Nuevo entorno internacional

Por su lado, el análisis geopolítico aportado por Jacobo Ramos-Folch permitió comprender mejor estas reflexiones en una dinámica internacional cada vez más compleja. En su intervención, apuntó que América Latina se encuentra ante una coyuntura decisiva para fortalecer su integración y su convergencia regulatoria, condiciones necesarias para evitar la fragmentación y aumentar su atractivo como destino inversor. Contar con una hoja de ruta clara resulta esencial para que Gobiernos y empresas puedan anticiparse a los cambios estructurales que ya están en marcha.

Ramos-Folch advirtió de que la geopolítica ha desplazado a la economía como eje central de las decisiones estratégicas. Señaló que América Latina representa para Europa un aliado clave tanto por sus recursos estratégicos como por sus sólidos vínculos económicos, y que la convergencia regulatoria en el marco de la OCDE (de la que ya forman parte México, Colombia, Chile y Costa Rica) es una herramienta fundamental para construir estándares comunes de buena gobernanza, transparencia y calidad regulatoria.

Asimismo, subrayó que la previsibilidad normativa, la estabilidad política, la lucha contra la corrupción y la reducción de la elevada informalidad son condiciones indispensables para atraer inversión y defendió la necesidad de fortalecer la legitimidad de la representación empresarial (diferenciándola claramente del lobby) como pilar del crecimiento, dejando a un lado los populismos y apostando por una agenda común basada en datos comparados y reglas compartidas.