Antonio Garamendi presidirá CEOE los próximos cuatro años tras ser reelegido por aclamación para continuar al frente de la organización durante la Asamblea Electoral celebrada este jueves en el Auditorio Nacional de Música en Madrid, en la que ha quedado de manifiesto la unidad empresarial.

“Las empresas tenemos ante nosotros un doble e irrenunciable desafío, el del desarrollo tecnológico de la IA y el de reforzar una visión que sea profundamente humanista de la empresa”, ha afirmado el presidente en su discurso, en el que ha destacado el papel de esta tecnología para la competitividad, sin olvidar “la ineludible cuestión ética que plantea” y que será “uno de los principales pilares” de su mandato.

Durante las palabras que ha dirigido al auditorio tras su reelección, Antonio Garamendi ha destacado también como objetivos prioritarios de este nuevo periodo al frente de CEOE la defensa de las instituciones, el orden constitucional -ha pedido expresamente “respeto a la Constitución, separación e independencia de los poderes del Estado”-, y la recuperación del diálogo social, entre otros.

En este sentido, el presidente de CEOE, rememorando su discurso en la Asamblea General que tuvo lugar el pasado mes de junio, ha vuelto a defender el diálogo social y la negociación colectiva como “esa infraestructura silenciosa que garantiza que las empresas sean lugares de prosperidad económica, de bienestar social y de proyección personal”.

“El futuro -ha asegurado- solo podrá construirse sumando capacidades, compartiendo objetivos y poniendo siempre a las personas en el centro del progreso”. “Este es el Nuevo Contrato Social”, ha recordado, como ya hizo en las palabras que dirigió al Papa León XIV durante su visita a Madrid.

La crisis que vive Ceuta desde hace ya dos meses ha sido otro de los temas presentes en las palabras del presidente de CEOE, quien ha recordado que el Parlamento Europeo reconoció que se trata de una invasión del territorio nacional. “España es Europa y Ceuta también es Europa”, ha subrayado, por lo que ha pedido al Gobierno que actúe con urgencia y contundencia, “no solo en defensa de la seguridad y de la soberanía nacional, sino para evitar, por cierto, el desahucio de facto de 80.000 españoles de sus casas, como algunos quieren”.