El Instituto Juan de Mariana presenta la cuarta edición del informe “El impacto de la inflación sobre las familias españolas”, elaborado por Diego Sánchez de la Cruz y actualizado con los datos oficiales del IPC de octubre de 2026. El estudio advierte de que la inflación ha vuelto a acelerarse hasta alcanzar el 4,9% interanual, frente al 2,3% registrado a comienzos de año, y demuestra que el encarecimiento de la vida sigue siendo uno de los principales factores de empobrecimiento de los hogares españoles.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, los precios acumulan una subida del 29,5%. Durante los primeros 78 meses del actual presidente, el IPC aumentó un 20,6%, casi tres veces más que el 7,2% registrado durante los 78 meses de Mariano Rajoy. Esta evolución ha reducido notablemente el valor del dinero: un billete de 20 euros de 2018 conserva hoy un poder adquisitivo equivalente a apenas 15,44 euros de entonces.

El impacto resulta especialmente acusado en los bienes esenciales. Desde junio de 2018, los alimentos se han encarecido un 42,9%, con incrementos del 91,5% en los huevos, del 69,1% en las legumbres y hortalizas frescas y del 65,7% en la carne de vacuno. También destacan las subidas del 49,8% en el pescado y la fruta fresca. El informe subraya que esta evolución perjudica especialmente a los hogares modestos, que destinan cerca del 60% de su presupuesto a alimentación, vivienda y suministros básicos, frente al 40% de las familias con mayor capacidad económica.

España también presenta un comportamiento inflacionista peor que el promedio europeo. Según los últimos datos armonizados comparables, correspondientes a septiembre de 2026, los precios aumentaban un 5% en nuestro país, frente al 3,8% de la Unión Europea y la eurozona. En octubre, la brecha con el área monetaria se mantuvo en nueve décimas, con una inflación española del 4,9% frente al 4% europeo. La persistencia de una inflación subyacente elevada revela que el problema no se limita al encarecimiento internacional de la energía.

Otra de las conclusiones del estudio es la destrucción silenciosa del valor real del ahorro. Aunque los depósitos de las familias han aumentado en 295.500 millones de euros desde 2018, su crecimiento descontando la inflación apenas alcanza los 54.000 millones. Esto significa que más del 80% del incremento nominal de los depósitos ha quedado neutralizado por la subida de los precios. Además, el valor real del ahorro bancario se encuentra unos 70.000 millones de euros por debajo de los máximos alcanzados en 2021.

La inflación ha permitido al Estado elevar la recaudación tributaria sin aprobar formalmente nuevas subidas fiscales a base de no deflactar los distintos gravámenes que se nutren de este efecto. El informe calcula que la falta de actualización de los tramos, mínimos y reducciones del IRPF ha supuesto una recaudación adicional estimada de 55.600 millones de euros entre 2019 y 2026, de los cuales 16.200 millones corresponden únicamente al presente ejercicio.

Esta denominada “progresividad en frío” provoca que los contribuyentes paguen más impuestos cuando sus salarios nominales aumentan para compensar el encarecimiento de la vida, incluso si su poder adquisitivo permanece estancado. Para un trabajador soltero con ingresos brutos de 30.000 euros, la factura fiscal adicional alcanza los 937 euros anuales. En el caso de un matrimonio con dos hijos y un único perceptor, asciende a 1.217 euros. El problema se agrava por la congelación de los mínimos personales y familiares del IRPF desde 2015, que han perdido aproximadamente una cuarta parte de su valor real.

El informe sitúa estos resultados en el contexto del estancamiento económico de las familias españolas. Según Eurostat, la renta disponible real por habitante apenas ha aumentado un 3,9% desde 2008, frente al 15,6% del conjunto de la Unión Europea. Solo tres países presentan una evolución peor. Mientras tanto, el gasto público ha crecido un 52% entre 2018 y 2025 y la deuda de las Administraciones Públicas ha aumentado en unos 540.000 millones de euros desde mediados de 2018.

Ante este diagnóstico, el Instituto Juan de Mariana propone deflactar íntegramente el IRPF, actualizar sus mínimos personales y familiares, introducir mecanismos automáticos que impidan nuevas subidas fiscales encubiertas y revisar estructuralmente la tributación de la energía. Asimismo, defiende reformas que favorezcan la competencia, la inversión productiva y el crecimiento económico, de modo que las familias puedan recuperar capacidad de compra y mejorar sus niveles de renta.

La conclusión del estudio es que los españoles sufren una doble factura: la inflación reduce el poder adquisitivo de sus salarios y ahorros, mientras la falta de actualización de los impuestos permite a Hacienda apropiarse de una parte creciente de sus ingresos. En lugar de proteger a las familias frente al encarecimiento de la vida, la política fiscal del Gobierno ha terminado convirtiendo la inflación en una fuente adicional de recaudación. 

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