El informe analiza cuatro ámbitos: sistema judicial, anticorrupción, pluralismo y libertad de prensa y controles y equilibrios institucionales. Además, por primera vez, incorpora también una dimensión del mercado único.
El texto incluye, además, recomendaciones específicas para los Estados miembros, cuyo contenido se ha elaborado en diálogo con autoridades nacionales y partes interesadas.
En general, se observa una tendencia positiva, con más del 57% de las recomendaciones de 2024 implementadas total o parcialmente. No obstante, países como Hungría y Bulgaria siguen afrontando retos importantes, sobre todo en materia de independencia judicial y lucha contra la corrupción al más alto nivel.
España: reformas pendientes
En el caso de España, el informe no identifica amenazas estructurales al Estado de Derecho pero subraya que siguen pendientes reformas significativas en ámbitos clave como el sistema judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia institucional y el funcionamiento de los medios de comunicación.
La valoración de la independencia judicial continúa siendo baja, pese a los avances en la reforma del sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en la tramitación del nuevo Código Procesal Penal, orientado a reducir la duración de las investigaciones.
El informe también destaca que “la financiación de los partidos políticos sigue siendo un ámbito de riesgo elevado y no se han tomado medidas para reformar la legislación electoral y aplicar las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas”. Tampoco se han adoptado nuevas iniciativas para mejorar el acceso a la información por parte de periodistas, sociedad civil o ciudadanía.
La Comisión sí reconoce los esfuerzos para reforzar la supervisión del regulador audiovisual, en línea con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aunque insiste en la necesidad de garantizar su independencia funcional. En cuanto a la dimensión del mercado único, no se detectan problemas relevantes.
Recomendaciones para España
Las recomendaciones para España incluyen: completar la reforma del sistema de nombramiento del CGPJ, en línea con los estándares europeos; finalizar y aplicar la reforma del Código Procesal Penal; garantizar la plena independencia y los recursos adecuados del regulador de medios audiovisuales; o reforzar el estatuto del fiscal general, incluyendo la desvinculación de su mandato del Gobierno.
También insta a aprobar la Ley sobre la actividad de los grupos de interés, con un registro público obligatorio; impulsar la reforma de la Ley sobre secretos oficiales, para mejorar el acceso a la información; y, por último, fortalecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de altos cargos, reforzando la independencia y facultades sancionadoras de la Oficina de Conflictos de Intereses.
